Crisis en Ecuador

El pasado 30 de Septiembre la región suramericana ha sido testigo del intento de golpe de Estado contra el gobierno de Rafael Correa.

La sublevación, perpetrada por fuerzas policiales, se desató luego de que se aprobara la Ley de Servicios Públicos que limita en gran medida beneficios a los oficiales de policía. En tanto, el argumento esgrimido por el gobierno indica que no se trató de una simple revuelta salarial, sino de una premeditado golpe a la institucionalidad de dicha nación.

Ante el anuncio de Correa, fuerzas policiales comenzaron a agredirlo (el presidente en cuestión recibió un impacto de gas lacrimógeo) y se procedión a la retención de Correa durante once horas, tiempo que estuvo cautivo en el Hospital de la Policía. En ese escenario, las fuerzas en cuestión también decidieron tomar la Asamblea Nacional y el aeropuerto de Quito, desatando tensión al interior de la sociedad ecuatoriana (registrándose varios saqueos, así como marchas a favor y en contra del ataque).

A diferencia de los tradicionales golpes de Estado en la región, quienes lograron rescatar a Correa han sido las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Luego de una guerra campal -entre policías y militares- en el hospital donde se encontraba Correa, los militares pudieron sacar al mandatario del edificio. Ante el panorama que puso en tensión a la región entera, el gobierno de Correa ha decidido desplazar a tres coroneles de la Policía nacional, así como declarar Estado de emergencia que abarca el territorio de Ecuador.

A nivel regional, dos organismos que se han manifestado en contra del intento de golpe han sido OEA y UNASUR. Mientras que Insulza se movilizó a Ecuador ha demostrar su apoyo al régimen constitucional del presidente Correa, en el portal de la OEA se dio a conocer que el Consejo Permanente emitió una Resolución de condena y repudio a dicho intento de alteración a la institucionalidad democrática de Ecuador.

En cuanto a UNASUR, los presidentes de la región resolvieron reunirse de emergencia en Buenos Aires; donde se comenzó con la elaboración de un estatuto que sancionará cualquier intento de golpe de Estado, la "Cláusula Democrática".